El jueves 10 de marzo, en sesión del pleno de la Asamblea Nacional, se concedió amnistía a 268 personas involucradas en los distintos eventos de las protestas de octubre en 2019. Con 99 votos a favor, los asambleístas de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Pachacutik, parte de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y de la Izquierda Democrática (AN) se aprobó el extenso informe elaborado por el Comité de Garantías Constitucionales. Quienes se opusieron a la moción fueron los oficialistas de la BAN y los asambleístas del PSC. Además, hubo 12 ausencias entre las dos bancadas.
Por el lado de los amnistiados, existen 60 personas por el caso de judicializados por ejercer su derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019, 43 de defensores de la naturaleza, 153 constan como defensores de territorios comunitarios y 12 casos relacionados con la administración de justicia indígena.
Entre las personas amnistiadas se encuentran: la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, procesada por rebelión, en conjunto con Virgilio Hernández y Christian González. También está el expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas quien estaba siendo procesado por delitos de secuestro, terrorismo, instigación, actos de odio y pertenencia a grupos subversivos. Otro más es el actual presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, por delitos de secuestro, daño a bienes públicos, instigación, terrorismo y daños a bienes ajenos.
Por paralización de un servicio público se encuentra procesado el presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), Jorge Calderón Casco. Adicional, por el mismo delito, el exasambleísta Yofre Poma y 7 personas más de la provincia del Sucumbíos.
Existen voces que se pronuncian a favor y en contra de las amnistías. Sin embargo, hay sectores que consideran que se justifica la figura buscando reconciliación en el país.
